- Jon Hernández: “Más de mil personas han fallecido este año en Euskadi esperando una valoración o una prestación. Es un fracaso colectivo que interpela directamente a las instituciones vascas.
Sumar ha registrado este martes en el Parlamento Vasco una batería de preguntas para conocer “cómo utilizará el Gobierno Vasco los 179,1 millones de euros adicionales que recibirá Euskadi durante 2026 y 2027 para financiar el sistema de dependencia”. El parlamentario de Sumar Jon Hernández reclama que estos recursos, que podrían reducir un 47 % las listas de espera, se traduzcan “en más profesionales, más servicios públicos y una reducción inmediata de los tiempos de atención”
La financiación, explican, que procede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy y con Rosa Martínez al frente de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales supone para Euskadi 179,1 millones de euros adicionales a lo presupuestado inicialmente: 60 millones más en 2026, hasta alcanzar los 187 millones, y otros 119 millones en 2027, cuando la financiación total ascenderá a 247,1 millones.
Además, según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, más de mil personas han fallecido este año en Euskadi mientras esperaban una valoración o una prestación. Además, Euskadi se encuentra entre las comunidades con mayor porcentaje de personas pendientes de recibir atención. “Detrás de cada cifra hay una persona y una familia a las que se les ha negado, en la práctica, un derecho reconocido por ley”, ha advertido Hernández.
Por ello, Sumar pregunta al Gobierno Vasco “qué importe corresponderá a cada uno de los territorios históricos” y “cómo se distribuirá la nueva financiación entre Álava, Bizkaia y Gipuzkoa”. “Es necesario saber dónde y cómo se van a invertir estos recursos para garantizar que lleguen a las personas que llevan meses esperando”, ha explicado Hernández.
La formación también reclama conocer “cuántas personas están pendientes de obtener una valoración de dependencia en cada territorio histórico” y “cuál es el tiempo medio de resolución de las solicitudes”. Asimismo, pregunta cuántas personas, pese a haber sido ya valoradas, continúan esperando la prestación o el servicio que tienen reconocido.
“No basta con reconocer un derecho sobre el papel si la ayuda llega tarde o no llega”, ha advertido Hernández. “El Gobierno Vasco y las diputaciones forales deben explicar cuáles son los principales cuellos de botella y qué medidas van a adoptar para reducir las demoras”.
“La dependencia es un derecho, no una carrera de obstáculos. Estos recursos deben servir para que ninguna persona se quede sin la atención que necesita por culpa de las demoras administrativas”, ha concluido Hernández.