Jon Hernández: “La educación es un derecho que debiera ser gratuito, y según la legislación debe ser gratuito. Pero en Euskadi la educación no es gratuita y ni tan siquiera se están dando los pasos para que así sea. Y esto es terrible.”
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado hoy en el pleno del Parlamento Vasco que el cobro de cuotas ilegales en los centros privados concertados continúa siendo una práctica generalizada a pesar de estar prohibida desde hace casi cuarenta años. Hernández ha recordado que estas cuotas están prohibidas desde 1987 y que, sin embargo, “el Gobierno Vasco no ha sido capaz, o no ha querido, acabar con ellas en cuatro décadas”.
Durante su intervención, el parlamentario ha censurado que el Gobierno Vasco “no hace más que demorar las acciones para acabar con esto”, mientras sigue aumentando la financiación pública a los centros privados. Es un auténtico fraude a la ley, pero sobre todo un fraude al derecho a la educación”, ha subrayado.
Hernández ha criticado que, pese a conocer perfectamente estas prácticas, el Gobierno Vasco “no hace nada” para impedirlas, lo que supone también un agravio para la educación pública, que ve desviados recursos que deberían destinarse a garantizar la igualdad y la equidad. “La educación pública es la que paga el pato del negocio de los otros”, ha denunciado.
El parlamentario de Sumar ha recordado además las promesas incumplidas en cuanto a “mecanismos de control y auditorías” nunca realizadas por el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, el anterior consejero de Educación, Jokin Bildarratz y de la actual consejera de Educación Begoña Pedrosa. Estamos en 2025 y ustedes no han hecho nada. Es mentira ¿Quién les va a creer? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Necesitan una década más?”.
Además, Hernández ha denunciado las “amenazas constantes” de las patronales de la educación privada, que anuncian abiertamente en prensa que seguirán cobrando cuotas ilegales y exigen más financiación pública si se quiere que dejen de hacerlo. “Chantaje en estado puro. Chantaje a lo que es de todas y todos: los recursos públicos.”
Por último, desde Sumar advierten que esta dinámica está generando un sistema educativo “cada vez más segregador, profundamente clasista”, donde las familias más vulnerables son las más afectadas. “Cobran, seleccionan más al alumnado y ponen más servicios; y así pueden cobrar más y seleccionar más aún”, ha denunciado, señalando que es una rueda perversa sostenida con financiación pública.