La coalición se abstendrá en la votación de mañana en el Parlamento Vasco y ha registrado una iniciativa para que los mil millones se destinen a transformar el modelo económico vasco con justicia social y más sostenibilidad ecológica
El grupo parlamentario Sumar se abstendrá en la votación sobre el endeudamiento extraordinario de 1.000 millones de euros anunciado por el Gobierno Vasco para 2025 al considerar que el Gobierno no ha explicado ni para qué, ni cómo se van a utilizar esos recursos. En paralelo, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) que reclama una hoja de ruta clara, pública y evaluable para garantizar que una parte sustancial de esos fondos —al menos el 60%— se destine a impulsar un cambio de modelo industrial que sea acorde con los límites del planeta y los territorios, descarbonizar la economía vasca y desplegar de forma equilibrada y equitativa las energías renovables.
“No se puede apoyar el endeudamiento adicional sin saber a qué se va a dedicar y cuáles van a ser las condiciones para las inversiones, esos 1.000 millones pueden ser una oportunidad estratégica para reforzar el control público de sectores clave y construir una economía más justa, más sostenible y más democrática que sea autosuficiente en los elementos esenciales para la vida de las personas que lo habitamos, o pueden seguir sirviendo para financiar a las empresas sin ningún tipo de garantía de arraigo o mantenimiento del empleo como hasta ahora”, ha señalado el parlamentario Jon Hernández. “El debate no es técnico, es político: o usamos estos fondos para transformar, o seguiremos atrapados en un modelo agotado que concentra riqueza y reparte precariedad”.
La coalición reclama que “al menos el 60% del endeudamiento se destine a proyectos orientados al cambio industrial sostenible , la descarbonización de procesos productivos, la relocalización de sectores clave como la energía, la alimentación o la movilidad, y el impulso de la economía llamada circular y la bioeconomía territorializada”.
La PNL incluye la creación de una “empresa pública vasca de energía, que actúe como operador integral en renovables, autoconsumo y almacenamiento, en coordinación con municipios y comunidades energéticas locales”. “Necesitamos soberanía energética y control democrático sobre nuestras infraestructuras. Sin eso, no hay transición justa posible”, ha defendido Hernández.
Sumar plantea también el desarrollo de “polos tecnológicos e industriales comarcales, especializados en sectores tractores como la movilidad compartida sostenible, la digitalización ética o la alimentación saludable”, prestando especial atención a zonas rurales y a comarcas afectadas por la desindustrialización. La iniciativa exige que “cualquier acceso a financiación pública esté sujeto a condiciones claras de retorno social y ecológico: empleo estable y de calidad, igualdad de género, participación de las plantillas, transición energética efectiva y reinversión local de beneficios”. “No puede volver a suceder que se financien con dinero público empresas que deslocalizan actividad o reparten beneficios sin dejar nada en el territorio”, ha advertido Hernández.
Además, desde la coalición proponen “una hoja de ruta pública y calendarizada” y “la creación de un sistema público de evaluación anual del impacto de las inversiones: empleo generado, emisiones reducidas, relocalización productiva y reducción de desigualdades”.
Por último, Sumar plantea también la necesidad de una reforma fiscal progresiva y estructural, coordinada con las Haciendas Forales. La coalición defiende que el aumento del gasto público debe apoyarse en un sistema tributario más justo, que eleve la aportación de las rentas altas, los grandes patrimonios y los beneficios empresariales extraordinarios, y que refuerce la capacidad redistributiva del sistema fiscal vasco. Y sobre todo que reequilibre las aportaciones de las rentas del trabajo y las del capital, sino la deuda la pagaremos las y los trabajadores.