Sumar Mugimendua ha denunciado este jueves en Donostia que la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda pactada por el PNV y el PSE-EE es “regresiva” y consolida un modelo basado en el mercado y en la exclusión social. La formación critica que la norma “no garantiza el derecho efectivo a la vivienda” y que no afronta los problemas estructurales del modelo actual, como “los precios inasumibles, la especulación, la acumulación de vivienda vacía y la desigualdad en el acceso”.
La formación señala que “la proposición de ley pretende hacer compatible la función social de la vivienda con su condición económica, algo que para Sumar es inconcebible. Las casas son para vivir, no para especular”. Desde Sumar entienden el movimiento como “una declaración de intenciones por parte del Gobierno, que no tiene ni la más mínima intención de luchar contra la especulación y el negocio de la vivienda”.
Sumar critica además que el texto del PNV y PSE-EE “no hace ninguna mención a la especulación inmobiliaria, al análisis de una economía parasitaria, no productiva y anómala como es el mercado inmobiliario. Tenemos los datos, la vivienda es el bien qué más ganancias genera, mucho más que las letras del tesoro o los activos en bolsa. Evitar esto en el análisis de la situación actual en relación a la vivienda es bajo nuestro punto de vista incompleto y erróneo.Estas medidas reflejan un enfoque parcial, tecnocrático y sin ambición transformadora”, explican.
“No se garantiza el derecho efectivo a la vivienda ni se abordan los problemas estructurales del modelo actual: precios inasumibles, especulación, vivienda vacía y desigualdad en el acceso. La vivienda sigue tratándose como un bien de mercado, no como un derecho”.
Por su parte, durante su intervención en el acto celebrado en el Ernest Lluch Kultur Etxea, la secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, ha criticado que la “la ley no aborda las claves estructurales del problema de la vivienda en Euskadi, como la especulación inmobiliaria, la acumulación de vivienda vacía en manos de grandes propietarios, ni la falta de regulación de los precios, que siguen En sus palabras,. “Esta medida supone un retroceso que pone en riesgo la protección social que garantiza la Renta de Garantía de Ingresos y, con ello, el derecho a una vivienda digna para quienes más lo necesitan”.
La secretaria general también ha criticado que la norma “utiliza como base la ley estatal del suelo, lo que rebaja el nivel de ambición de lo que debería ser una ley vasca de vivienda con derechos garantizados y protegidos”. Asimismo, ha denunciado que la reforma propuesta sobre la reserva de vivienda pública supone un retroceso: “pasar del 75% al 60% es consolidar un modelo que se aleja de los estándares europeos y de las necesidades reales”.
García Martín ha señalado que “no se puede hacer una ley de vivienda en el siglo XXI sin abordar el racismo y la discriminación por origen o situación administrativa”. Ha lamentado que la norma “no contempla las múltiples discriminaciones que dificultan el acceso a una vivienda digna”, y recordó que Sumar ha registrado una proposición de ley contra el racismo y la xenofobia que incluye medidas específicas en vivienda.Durante el acto intervinieron también expertos como Jorge Dioni, periodista y autor de El malestar de las ciudades, que analizó el urbanismo neoliberal; Asier Basurto, sociólogo de Bizilagunekin, que abordó la turistificación en Donostia; y Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Arrazakeria Gipuzkoa, que denunció la discriminación en el acceso a la vivienda de personas migrantes. La jornada finalizó con una mesa institucional en la que participaron Lucía Lois, concejala de Más Madrid, y Lucía Martín, concejala de Barcelona en Comú.